Una decisión que no pasa desapercibida:
La Comisión Permanente del Congreso acaba de archivar la denuncia constitucional contra Rosio Torres, legisladora de Alianza para el Progreso, acusada de desviar parte del sueldo de sus trabajadores para financiar la campaña de su esposo.
Con 10 votos a favor, 9 en contra y 7 abstenciones, el caso, impulsado por el Ministerio Público, ha sido desestimado por “falta de pruebas suficientes”. Pero, ¿es esta realmente la verdad? ¿O estamos ante otro ejemplo de un sistema que prefiere blindar a los «poderosos», aunque eso implique mirar hacia otro lado?
Esta resolución deja más preguntas que respuestas, y abre un abanico de dudas sobre el verdadero funcionamiento de nuestras instituciones. Porque lo que está en juego no es solo el destino de una legisladora, sino la credibilidad de todo un sistema político que, día tras día, se ve más lejano de la justicia y más cercano a los intereses personales y partidarios.
El argumento de los blindadores es «falta de pruebas» es la cortina de humo perfecta para desviar la atención sobre lo que realmente importa.
Desestimar el caso solo por no tener las pruebas «suficientes», no sólo parece injusto, sino hasta deshonesto.
En un país donde la corrupción y los pactos oscuros parecen estar a la orden del día, esta votación no hace más que alimentar la sospecha de que los congresistas se cuidan entre ellos, sin importar si eso va en contra de los principios de transparencia y legalidad.
Mientras tanto, el pueblo, esa misma masa de votantes que coloca a estos personajes en el poder, se queda mirando, impotente, cómo una vez más se favorece a los mismos de siempre.
La desestimación de este caso no es solo una victoria para Torres, sino una victoria para todos aquellos que han aprendido a usar las instituciones a su favor.
¿Y el pueblo, como siempre, sigue quedándose sin respuestas.???
