Así podría resumirse la fugaz y vergonzosa carrera política de Rosio Torres Salinas, la congresista que quedará en la historia reciente del Perú no por su aporte legislativo, sino por su descarada participación en el caso Mochasueldos. ¿Su castigo? No volverá a postular. Ni su propio partido la quiere cerca.
La decisión ha sido clara: Alianza para el Progreso le ha cerrado la puerta con candado y doble vuelta de llave. Luis Valdez, secretario general de APP, fue tajante: quienes hayan incurrido en prácticas antiéticas, como recortar sueldos a sus trabajadores, no volverán a pisar una plancha electoral del partido. Y si bien la justicia aún no dicta sentencia, la sanción moral ya cayó sobre Rosio con todo su peso.
Pero vayamos al punto: ¿qué clase de representante popular aprovecha su posición de poder para saquear los bolsillos de los que menos ganan? Torres, como otros involucrados, cayó en lo más bajo de la política: utilizar a sus trabajadores como cajeros automáticos personales. Un acto vil, cobarde y profundamente corrupto.
Peor aún fue su intento de lavar su imagen. Pese al escándalo, mandó a instalar paneles publicitarios anunciando su postulación al Senado. La respuesta no se hizo esperar: tuvo que retirarlos casi a escondidas, como quien huye de la escena del crimen. Lo que parecía un “relanzamiento político” se convirtió en su funeral electoral.
Y es que ni los suyos la respaldan. APP ese partido tan dado a cerrar filas cuando le conviene, ahora se esfuerza en deslindar de Torres como si se tratara de un virus contagioso. No hay espacio para ella, ni perdón, ni olvido. Solo la vergüenza del escarnio público.
“Una vergüenza para la región Loreto”
Torres no solo traicionó a sus trabajadores. Traicionó a toda una región que confió en ella. LORETO merecía mejores representantes. Hoy, lo único que deja Rosio es una estela de descrédito y decepción, un símbolo de lo que nunca más debe volver al Congreso.
En su intento de permanecer en el poder, Rosio no solo se mochó los sueldos, también se mochó la dignidad. Su carrera está terminada. No fue necesario que un juez la sentencie. La opinión pública ya la condenó, y esa condena, a veces, es la más implacable.
